DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE "BAJA"

PUNIBILIDAD E IMPUTABILIDAD


Presidente, ministro, secretarios, periodistas, organismos, hablan de "edad de imputabilidad", y su propuesta de baja, en un caso, o de su mantención en 16 años, en otro.


Desde el CEPOC insistimos en aclarar que la discusión es sobre la edad de punibilidad, y vamos a explicar por qué.

Supongamos que un niño de 12 años roba un celular. Ese niño es retenido por un policía, que debe de hacer algo con él, ya que lo encuentra con el celular, y la víctima del robo lo señala como quién se lo robó. ¿Qué debe hacer el policía? Ponerse en contacto inmediato con el juez penal juvenil (o de menores, como se llame en cada jurisdicción), y poner al niño a disposición de esa autoridad judicial. Idealmente, el policía no debería ni siquiera tocarlo, ya que tendría que haber un dispositivo específico que actúe con los niñxs no punibles, es decir, con todo niño o niña menor de 16 años, vamos a llamarlos Sub 16.

¿Qué debe hacer la autoridad judicial? Una vez constatado que el niño tiene 12 años, es decir, que es un Sub 16, lo debe sobreseer de inmediato en razón de ese dato objetivo: está fuera de la ley realizar cualquier tipo de investigación penal con un Sub 16, no se puede. Del mismo modo, supongamos, que si un adolescente muy politizado quiere votar a los 15 años, y se presenta el día de las elecciones, y protesta y pide votar, porque tiene muy en claro (mucho más que tantos adultos, sostiene) la importancia de votar, y arguye que tiene la madurez suficiente, y que cualquiera puede verificarlo haciéndole exámenes y pericias, el fiscal más humilde de la mesa electoral más alejada o más céntrica, deberá decirle que no, que entiende sus razones, pero que hay una edad mínima a partir de la cual se puede votar: los 16 años, así que espere un poco, y vuelva cuando los cumpla.

Volviendo a nuestro niño de 12 años, se le podrá imputar (imputar, en el sentido de acusar de, de señalar) un delito, pero de inmediato el juez deberá sobreseerlo en razón de su edad, y derivarlo al área de protección de derechos de la jurisdicción de la que se trate. Y será esa área la que trabajará con ese niño de 12 años (para lo cual obviamente hacen falta recursos económicos, institucionales, profesionales, etc). Verificará si va a la escuela o no, y si no va garantizará que vaya, que sea incorporado y acompañado en su trayectoria escolar.

Convocará a su familia, y si constata que no está en condiciones de hacerse cargo de ese niño desplegará todos los programas de política pública necesarios para acompañarla, y en los casos más extremos, cuando verifique formas de abuso o maltrato graves, verá la forma de buscar alternativas dentro de la familia extensa, o de espacios de convivencia extra familiar.

Le dará asistencia psicológica y sanitaria, si la necesita, sobre todo si realiza consumos problemáticos.

Tratará de que las organizaciones comunitarias del barrio donde viva ese niño pueden acompañarlo, e incorporarlo a actividades placenteras como jugar al fútbol, practicar teatro o aprender a bailar.

En conclusión: a ese niño de 12 (o 13, 14 o 15) se le está imputando un hecho (robó un celular), pero no se lo puede procesar ni punir por ese hecho porque, precisamente, no es punible. Lo que se puede hacer, visto que está involucradx en situaciones que no son adecuadas para un/a niñx, es acompañarlo en su vida cotidiana para que construya un proyecto de vida que excluya el delito como práctica. Y eso se debe hacer, para esta franja Sub 16, por fuera del sistema penal, aunque se llame "sistema penal juvenil", porque se llame como se llame, si es penal, está pensado para aplicar penas.

¿POR QUÉ 16?

¿Quién determinó, en la historia de nuestro país, que lxs adolescentes son punibles desde los 16 años?

Primero, lo decidió el gobierno peronista, en 1954, en el marco de sus políticas de protección de la infancia (pueden ver una genealogía de las leyes penales juveniles aquí: https://drive.google.com/file/d/0B7lHjPGSiS1EbV90UjA3TEpIUzQ/view)
Durante la dictadura, esa edad bajó a 14 años, hasta mayo de 1983, en que volvió a establecerse en 16. Durante el gobierno alfonsinista a nadie se le ocurrió que debiera bajarse nuevamente a 14.

En este momento, en nuestro país, la edad de 16 años es la edad mínima para cuatro cuestiones fundamentales:
- A los 16 años, un/a adolescente tiene pleno derecho para decidir sobre su cuerpo: Ley 26.994, Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 26, último párrafo: "A partir de los dieciseis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo".

- A los 16 años, un/a adolescente puede trabajar: Ley 26.390, modificatoria de la Ley de Contrato de Trabajo: "Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a dieciséis (16) años en los términos de la presente. Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no. Toda ley, convenio colectivo o cualquier otra fuente normativa que establezca una edad mínima de admisión al empleo distinta a la fijada en el segundo párrafo, se considerará a ese solo efecto modificada por esta norma."

- A los 16 años, un/a adolescente tiene derecho a votar: Ley 26.774, Artículo 1: "Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República."

- A los 16 años, un/a adolescente es punible: Ley 22.278, Artículos 1 y 2: "Artículo 1°: No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación...

Artículo 2°: Es punible el menor de dieciséis (16) años a dieciocho (18) años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1º."

Como se verá, las tres primeras leyes son de ampliación de derechos para nuestrxs adolescentes, y fueron votadas en la última década: derecho sobre el propio cuerpo, ingreso más tardío al mundo del trabajo, acceso a derechos políticos.

La cuarta, el "Régimen penal de la minoridad", es un artefacto jurídico creado por la dictadura, firmado por el genocida Videla. Debe de ser derogada, por supuesto, pero SIN BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD, es decir, sin restringir derechos a los Sub 16, sino manteniendo esa edad, los 16, en las que adquieren derechos y obligaciones en forma armónica.

Aquí pueden leer más motivos por los que sostenemos nuestra posición de #NoALaBaja: http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2013/09/diez-motivos-actualizados-para-no-bajar.html

Y aquí pueden ver qué dice el Comité sobre los Derechos del Niño sobre la "Edad Mínima de Responsabilidad Penal" (que es lo mismo que nosotrxs llamamos "Edad de Punibilidad": https://www.crin.org/es/biblioteca/publicaciones/observacion-general-no-10-los-derechos-del-nino-en-la-justicia-de-menores


Claudia Cesaroni
Buenos Aires, 7 de enero de 2017
Contacto:
Tuiter @CCesaroni


+54 911 4404 5299

REFORMAS A LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL, CARTA ABIERTA A LXS SENADORXS

CARTA ABIERTA A LOS SEÑORES Y SEÑORAS SENADORES/AS

De nuestra mayor consideración:

Somos integrantes de una organización que se llama Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC). Nos hemos formado en Derecho, Sociología y Criminología. Nacimos como organización social y de derechos humanos mientras algunos/as de nosotros/as estudiábamos una Maestría en Criminología, y mirábamos preocupados cómo se votaban una a una las llamadas "Leyes Blumberg". En nuestra página: www.cepoc.org.ar, podrán constatar que no solo escribimos libros, artículos y notas, sino que también trabajamos en concreto con personas privadas de libertad, con sus familiares, y con jóvenes que viven en barrios postergados.

Con todo el respeto que ustedes se merecen nos permitimos acercarles algunos razones por las que entendemos que no deberían votarse las reformas a la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad:

1- PORQUE LAS PROPUESTAS A LA LEY DE EJECUCIÓNN PENAL DEBEN DISCUTIRSE CON TIEMPO Y EN PROFUNDIDAD:


Las reformas que tienen media sanción en Diputados no se han discutido de modo público y con la participación de organizaciones vinculadas a la temática y solo se han dedicado unas horas en el marco de una sesión, para recibir a funcionarios públicos y a algunas organizaciones de derechos humanos, así como a familiares de víctimas de hechos delictivos. No hubo audiencias públicas, ni posibilidad de aportar sugerencias ni opiniones fundadas al conjunto de los/as legisladores/as. Nos parece que no es suficiente, como para dar sustento a una reforma que regula una materia tan importante como es la libertad y el tiempo de pena de centenares de personas.


2- PORQUE, DE SANCIONAR ESTA REFORMA, SE ESTARÍAN VIOLANDO PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional es el de Igualdad (Art. 16 de la Constitución Nacional). Básicamente, lo que implica es que todos, en iguales circunstancias, somos iguales ante la ley. De aplicarse esta reforma, dos personas que estén en el mismo pabellón, tendrán expectativas totalmente diferentes con respecto a su vida: una de ellas podrá aspirar a tener salidas transitorias a la mitad de su condena, y la otra sabrá que, haga lo que haga, cambie lo que cambie su forma de ser, su comportamiento, su formación, deberá cumplir la totalidad de la pena, por un delito que cometió quizá cuando era un adolescente.


3- PORQUE LA REFORMA DE LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL PROPUESTA SUBVIERTE NUESTRO ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL:

En nuestro ordenamiento jurídico, quien define la gravedad de un delito y el monto de pena aplicable es el juez o el tribunal de condena, y la imposición de esa pena reconoce un único objetivo legal: facilitar la reinserción del condenado a la sociedad. Entonces, al momento de aplicar una condena, se prevé que durante su transcurso, la persona podrá realizar determinados esfuerzos para modificar su conducta, y el Estado se obliga a brindarle oportunidades para que esos esfuerzos sean fructíferos. Esto es lo que surge con toda claridad de la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad (Nº 24.660), al establecer que el Régimen Penitenciario se basa en la Progresividad. Y, obviamente, no hay Progresividad si no hay posibilidad de lograr salidas transitorias y libertad condicional.

4- PORQUE NO ES CIERTO QUE LAS SALIDAS TRANSITORIAS Y LA LIBERTAD CONDICIONAL SEAN LAS CULPABLES DE QUE HAYA DELITOS GRAVES.

no hemos logrado información fehaciente acerca de cuántas de las personas que no retornaron a lo largo de 5 años de sus salidas transitorias, han cometido un nuevo delito. Supongamos que fue el 10 por ciento. Supongamos que la mitad cometió homicidios ¿Justifica una reforma que le va a impedir a decenas de personas acceder a salidas transitorias? ¿El delito cometido en ejercicio de un derecho legal, como son las salidas transitorias, justifica que se anule ese derecho para toda una categoría de personas?
Todos coincidimos con el apotegma de que es preferible que haya 10 culpables libres, antes que 1 inocente preso. En el mismo sentido, sostenemos que no se puede negar el derecho a acceder a salidas transitorias a decenas de personas, porque una, dos o seis hayan vuelto a cometer un delito.

5- PORQUE ESTE TIPO DE REFORMAS YA DEMOSTRÓ SU FRACASO:

En 2004, a partir de las demandas del señor Blumberg, se votaron reformas al Código Penal mientras se decía que esas normas no servirían para nada, y que solo se hacía para "responder a las demandas de Blumberg y la gente que se movilizaba con él". Se aumentaron de modo desproporcionado las penas, se recortaron derechos para cierta clase de presos -plasmado en el artículo 56 bis de la Ley 24.660-, se crearon nuevas figuras delictivas, etc. Nada de esto evitó, por ejemplo, el secuestro y asesinato de la niña Candela Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, pese a que ese delito tiene una pena de 50 años, sin salidas transitorias y sin libertad concicional.

Entonces, señores/as senadores/as, no se trata de que no nos gusten estas reformas porque "solo" pensamos en los derechos de los delincuentes, o porque no entendemos el dolor de las víctimas y sus familias. Somos defensores y defensoras de los derechos de todos/as: queremos vivir tranquilos/as, seguros/as, y apoyamos todas las alternativas que contribuyan a que esto sea posible. Pero sabemos que este tipo de reformas NO SIRVE. NO EVITA NUEVAS MUERTES, NI NUEVOS DELITOS GRAVES. Son solo una manifestación de la venganza. Puede entenderse ese sentimiento en un familiar directo de una persona asesinada. Pero no puede entenderse, ni aceptarse, de parte de funcionarios públicos de cualquiera de los poderes, de cualquiera de nuestras provincias, o de la Nación.

6- PORQUE AÚN QUIENES COMETIERON DELITOS GRAVES DEBEN TENER ALGUNA OPORTUNIDAD DE CAMBIAR

Cada vida es única y sagrada. También la de quien cometió un delito grave. La mayoría de las personas privadas de libertad tienen entre 18 y 25 años. Muchos de ellos (el 85 % son varones) tiene una pésima formación educativa, ha sufrido algún tipo de vulneración de derechos familiar o social, y carece de capacitación. Nada de esto justifica sus delitos, pero algunas de esas condiciones, los explica. Imaginemos a un joven de 18 años que comete un robo agravado. Aunque no lastime a nadie, puede recibir una condena de 15 años. Supongamos que se sancionan estas reformas, y tiene que cumplir esa condena de punta a punta. Supongamos, también, que la cárcel sigue sin cumplir los objetivos que tiene fijados legalmente: ayudar a la reinserción de las personas. Ese joven, saldrá a los 33 años, totalmente des-socializado, alejado de sus afectos, sin un oficio, habiendo vivido la mayor parte de su vida productiva en contacto solamente con otras personas que han transgredido la ley. Si vuelve a cometer un delito... ¿Podemos sostener que es su culpa solamente? ¿Y cuál será la respuesta? ¿Subiremos las penas por los robos agravados a 20, 25 o 40 años? La lógica de este proyecto conduce a eso: a pensar que lo mejor que podemos hacer con una persona que cometió un delito es tenerla el mayor tiempo posible encerrada, sin hacer nada con ella, más que alejarla del resto de la sociedad.

Eso tiene un nombre: se llama inhabilitación. Es la política penitenciaria que impera en los Estados Unidos, y no solo no resuelve la problemática del delito grave allí, sino que ha llevado a que ese país sea el que tiene mayor índice de encarcelamiento en el mundo. La mayoría de sus presos, por supuesto, son negros y latinos, pobres y habitantes de barrios degradados. Igual que en Mendoza, Buenos Aires, o cualquier otra jurisdicción de nuestro país.

7- PORQUE SE ESTÁ CREANDO UNA PENA DE MUERTE DE HECHO:

El diputado Luis Petri ha propuesto reformas similares en Mendoza, y dijo en la sesión del 5 de julio de 2012 en la Legislatura de su provincia: "Imaginémonos, señor presidente: un homicida es condenado por el artículo 80, en algunos de sus agravantes, a esa persona el Tribunal lo encuentra culpable y le dicta reclusión o prisión perpetua, producto de las características, de la alevosía del crimen que cometió. Esa persona, con la ley 24.660 en 15 años, con algunos requisitos: no tener condena que importe su detención y tener buena conducta, merecer opinión favorable del OTC y del Consejo Correccional, esa persona está en la calle, esa persona tiene acceso a las salidas transitorias, y muchas veces sin control efectivo. Con esta ley esa persona recién va a poder llegar a pretender aspirar a salir del establecimiento penitenciario a los 35 años, porque a los 35 años, esa persona, si reúne los requisitos, si reúne los presupuestos que exige el Código Penal en su artículo 14, podrá presentarse al juez y decirle 'quiero obtener el beneficio de la libertad condicional'"

Supongamos que esa persona que cometió un delito grave -un homicidio calificado, por lo que ha sido condenado a 50 años de pena-, tiene 22 años. En primer lugar, no es cierto que a los 15 años tiene salidas transitorias, sino a mitad de la condena, es decir, a los 25 años. A los 15 años es cuando la condena es a prisión perpetua, pero en los casos de pena temporal, las salidas transitorias recién pueden solicitarse a mitad de la condena. Es decir que a un joven de 22 años le estamos diciendo que tiene que esperar 25, más de todo lo que vivió, para volver a pisar la calle. ¿No alcanzan 25 años? No, con este Código se pretende que espere diez años más, y que entonces, cuando sea un hombre de casi 60, vuelva "reinsertado" a la sociedad.

¿De qué manera puede entenderse que este tipo de decisiones cumple con la obligación legal que surge del artículo 1 de la ley 24.660, y de todas la normativa internacional vigente en la materia?

ARTICULO 1º. La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.

Decirle a una persona que, por lo que hizo en un momento de su vida, es una especie de monstruo irrecuperable, y que debe pasar toda su vida útil encerrado, es, casi, condenarlo a la muerte en vida.

8- PORQUE HAY EJEMPLOS DE POLÍTICAS PENITENICIARIAS A SEGUIR, O POR LO MENOS, A ESTUDIAR.

Uno de los crímenes más horrendos que ha sucedido en los últimos años, fue el que ocurrió en Noruega, cuando un ultraderechista asesinó a decenas de jóvenes. Nos permitimos compartir el modo en que esa sociedad, que tiene los niveles de reincidencia más bajos de Europa, se ocupa de ese sujeto:


9- PORQUE SE VAN A DILAPIDAR RECURSOS EN MANTENER MÁS PRESOS, MÁS AÑOS, EN PEORES CONDICIONES

Como sabemos, la inmensa mayoría de las personas que están en prisión son la consecuencia final de sucesivos abandonos de parte del Estado, de la sociedad, de sus familias. Esto no les quita responsabilidad, pero a esa responsabilidad individual es imprescindible que se sume la responsabilidad colectiva por lo que no se hizo para evitar el delito, y por lo que se hará con esa persona una vez que está condenada.

10- PORQUE ESTE TIPO DE REFORMAS NO SOLO CONDENAN A LA MUERTE EN VIDA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, SINO A SUS FAMILIAS, Y EN PARTICULAR, A SUS HIJOS E HIJAS

Se podrá responder: “lo hubieran pensado antes”. Quizá así sea, solo que la mayoría de los delitos graves se producen en momentos y circunstancias en las que no es posible tomar decisiones razonadas. Y, en cualquier caso, las familias y en particular los niños y niñas de esas familias, no son responsables de las decisiones adultas. Pero sí tienen derecho a pasar parte de sus vidas con sus madres y padres, que aunque hayan cometido algún delito, no dejan de serlo. Y tienen derecho a que esa vida en común sea, al menos en parte, en libertad.

Lo mejor que se puede hacer, lo que de verdad disminuirá la reincidencia, y la espiral de violencia y dolor, es trabajar con ese sujeto para que deje de ser un homicida-delincuente-asesino- ladrón-violador, y pueda construir otros modos de estar en el mundo: como trabajador, como estudiante, como padre, como hijo, como hermano, como sujeto de derechos, responsable y consciente de sus actos. Eso implica esfuerzos de todo tipo, recursos humanos, servicios educativos y sanitarios, actividades culturales y religiosas, acompañamiento para mejorar sus vínculos con sus familias. Hace falta dinero, y será dinero bien invertido en tanto facilite, lo antes posible, la vuelta a la calle de esas personas, mejores que como entraron a la cárcel. Cuando hablamos de derechos de las personas privadas de libertad, estamos hablando de derechos de todos y todas: de quienes han cometido un delito y de sus familiares; de las víctimas de ese delito, y de la sociedad en su conjunto.

Quedamos a disposición de los señores y señoras senadores/as.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)



Contacto: Claudia Cesaroni 011-15-4404-5299