Emergencia en Seguridad: el narcotráfico como chivo expiatorio.

El narcotráfico se ha convertido en el nuevo chivo expiatorio de las políticas de seguridad. En nombre del narcotráfico, de combatir este “gran mal que nos azota”, el gobierno de Mauricio Macri, de la mano de su Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha comenzado a desplegar diversas políticas represivas.
En menos de dos meses, el flamante gobierno ha declarado la Emergencia en Seguridad, y el narcotráfico se lo ubica en el foco del problema.
La habilitación de derribo de aeronaves sospechadas de tener carga de drogas ilícitas, ha sido una de las primeras medidas tomadas en pos de este “combate”. Esta medida, no sólo no cambia aquella situación previa, generadora del narcotráfico, sino que se convierte lisa y llanamente en una pena de muerte –incluso pudiendo incurrir en un error y derribar una aeronave con personas que nada tienen que ver con el narcotráfico.
Otra de las medidas que ya se ha difundido, habilita la intromisión de las fuerzas de seguridad en los barrios. La propia Ministra de Seguridad aseguró, el pasado miércoles 20 de enero, que “vamos a ir entrando en aquellos lugares en los que consideramos que el poder está en manos del narcotráfico y no del Estado. Lo vamos a hacer de manera confidencial, son operaciones con información confidencial. Vamos ir entrando, ya estamos trabajando con los grandes distritos”.

¿Qué hay detrás de estas políticas?
Nada menos que la llamada “guerra contra las drogas”: un modo de “combatir” a las drogas que en los últimos 50 años ha tenido un enorme impacto en el funcionamiento de los sistemas de seguridad, de justicia y en las cárceles de América Latina.
En el marco de esta “guerra contra las drogas” y de la mano de las distintas Convenciones se ha dispuesto progresivamente instaurar una política de control total del ciclo de las drogas, adhiriendo a lo que fue conceptualizado como el paradigma prohibicionista. Es decir, a la postura ideológico-política que entiende que el fenómeno de las drogas debe abordarse a través de la prohibición de su uso, producción y venta.
Este paradigma, como decíamos no es nuevo. Liderado por EEUU, continúa fuertemente consolidado a nivel mundial, y en nuestro país, amparado en la legislación penal –la Ley 23.737- continúa promoviendo una política de “tolerancia cero” respecto no sólo a la comercialización sino sobre todo al consumo. 
La sostenida búsqueda por parte de los Estados Nacionales por regular los consumos de drogas y combatir el narcotráfico arroja como saldo al inicio del siglo XXI una escalada cada vez mayor en la prohibición y reglamentación de dichos consumos. En contraposición con los objetivos que persiguen las políticas nacionales e internacionales de “lucha contra las drogas”, los resultados evidencian no sólo que el narcotráfico no se ha acabado, sino que ha aumentado considerablemente.

¿A quién se persigue a través de la “Ley de Drogas”?
En nuestro país, como en la mayoría de los países americanos, rige una ley -23.737- que penaliza la producción, comercialización y tenencia de “estupefacientes”. Sin embargo, si bien su objetivo manifiesto es principalmente “combatir al narcotráfico”, las estadísticas demuestran que la persecución hasta el momento se ha concentrado en los eslabones más débiles de la cadena: los usuarios y el microtráfico.
La información del Ministerio Público Fiscal permite una primera aproximación al tipo de delito por infracción a la ley 23.737. Tomando los datos de todo el país, descartando aquellos no especificados, se puede afirmar que los delitos de tenencia de estupefacientes (simple y para consumo personal) en conjunto resultan entre dos tercios y tres cuartos de las causas por infracción a esta ley. El valor más bajo se registra en el año 2002 (66,1%) y el más alto en el año 2008 (77,46%). En este último año las tenencias para consumo eran el 43,35% y las tenencias simples el 34,11% (Corda, 2014[1]).




En este sentido, se demuestra que la actividad de aplicación de la Ley 23.737 por parte de las agencias policiales ha alcanzado a los usuarios de drogas en aproximadamente un 70% de los casos, procedimientos que en general se llevan a cabo con un alto grado de discrecionalidad y con las consecuencias que dichos procesos generan en las poblaciones más vulneradas (que son siempre las más afectadas).
En la Argentina, según datos de la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación de la Argentina, entre 2010 y 2012, las detenciones de la Policía Federal que se originaron en la infracción a la ley de estupefacientes oscilaron entre un 20 y un 25% del total. La mitad de los procedimientos por drogas (49%) se encuadraron en acciones de “prevención policial”, en las que el policía alegó que la detención fue realizada por la sospecha de que la persona estaba cometiendo un delito. El segundo gran grupo de detenciones (38%) involucró a personas que –siempre según la policía– fueron detenidas “in fragranti” en el acto de consumir, porcentaje que muestra la persecución a los consumidores y usuarios. Le siguen las detenciones motivadas por denuncias o llamados al 911 (6%). Solo el 4% de las detenciones por drogas tuvieron lugar en el marco de allanamientos y solo el 2% se realizaron por una orden judicial (CELS, 2015:14[2]).



Fuente: Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación de la Argentina

Lo que estos datos demuestran y los trabajos citados pretenden dar cuenta es que la mayoría de estas detenciones se producen en el marco de la “prevención policial”, sin una orden judicial, lo que torna evidente el amplio margen de discrecionalidad que tienen los integrantes de las fuerzas de seguridad y que, en muchos casos, la aplicación de la ley de drogas funciona como una forma de justificar procedimientos ya realizados y configura una herramienta policial para concentrar la vigilancia sobre determinados grupos vulnerados: jóvenes, migrantes, trabajadores informales de la vía pública, trabajadores y trabajadoras sexuales, entre otros.
Si bien la actuación de la justicia penal pone cierto límite a la criminalización iniciada por la agencia policial –debido a que la mayoría de las causas judiciales iniciadas no terminan en condena-, no logra evitar el es­tigma que produce la selección policial, o el hecho de que lo que comienza con una simple identificación pueda derivar en una requisa violenta, en maltratos, amenazas o coacciones, en golpes, golpizas, apremios, torturas, o incluso en la muerte.

Microtráfico
A partir de los años noventa, la persecución se concentra también en las personas que comercian o transportan por las fronteras pequeñas cantidades de drogas ilegales, por lo que un tercio de las personas detenidas están en las cárceles federales por esta clase de delitos (Corda, 2014). Es por ello que puede afirmarse que a la clásica selectividad del sistema penal orien­tada a las personas más vulnerables económica y socialmente, se suman en la aplicación de la “Ley de Drogas” las condiciones de extranjero y de mujer.
De acuerdo al discurso y las medidas tomadas a cabo por el actual gobierno, los lineamientos a seguir refuerzan y reactualizan esta forma de encarar el problema.

¿Cuáles han sido algunas de las consecuencias de la “guerra contra las drogas”?
Un informe preparado para la Audiencia Regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en marzo de 2014, por pedido de 17 organizaciones de 11 países de América, da cuenta precisamente no sólo que la credibilidad y legitimidad de este paradigma está seriamente erosionadas sino que ha ocasionado serias consecuencias. Entre ellas:
       El combate policial y militar ha incrementado de manera exponencial la militarización y los niveles generales de violencia
       Los conflictos violentos han recrudecido en toda la región –principalmente en Latinoamérica-, en especial en las zonas empobrecidas profundizando el deterioro de las condiciones de vida y la estigmatización de sus habitantes.
       Impactan de manera desproporcionada en ciertos grupos especialmente vulnerados, y por esa vía, reproducen la discriminación y la exclusión social
       No ha disminuido el consumo ni el tráfico de drogas (en algunas zonas incluso ha aumentado)
       Ha incrementado la criminalización del consumo de drogas, poniendo en marcha mecanismos represivos y desestimando las dimensiones de salud y derechos humanos.
       Ha habilitado las detenciones masivas y promovido el encarcelamiento en condiciones inhumanas de los sectores más vulnerables (principalmente asociados al microtráfico)
       Ha intensificado la intromisión de los aparatos punitivos

¿Puede hablarse entonces de un rotundo fracaso de la “guerra contra las drogas”?
Un análisis que sólo tome como muestra estos datos, podría concluir en que el paradigma prohibicionista ha fracasado rotundamente. Sin embargo, su perdurabilidad se debe al “éxito” que se le atribuye respecto, por un lado, al “poder de policía” que ha logrado, principalmente a través de su intromisión en las políticas internas y de la mano del aparato punitivo del Estado –Justicia penal y Policía-; y por otro, a las representaciones sociales, estereotipos, discursos que ha logrado instaurar. Discursos que en general se han centrado en fomentar políticas de disciplinamiento y normalización respecto a las personas que llevan a cabo dichas prácticas (los usuarios de drogas), y en habilitar la intromisión de las fuerzas de seguridad. 
En los barrios más vulnerables las consecuencias de estas políticas se evidencian más crudamente.

La “guerra contra las drogas” en los barrios
Cuando la Ministra dice “vamos a ir entrando en aquellos lugares en los que consideramos que el poder está en manos del narcotráfico y no del Estado”, se refiere principalmente a los barrios más vulnerables, donde de acuerdo al discurso oficial “está enquistado el problema del narcotráfico”.
Entrar en “aquellos lugares”, implica aumentar la presencia de las Fuerzas de Seguridad en ellos y radicalizar su accionar.
El accionar de las Fuerzas de Seguridad (principalmente policía y gendarmería) en los barrios es un tema muy complejo, y ha sido abordado por distintos autores y organizaciones. Complejo porque se ha convertido en los últimos años en la institución del Estado con mayor presencia en los barrios más vulnerables, a veces en consonancia y a veces –la mayoría- contradiciendo los principios del Estado Social; porque ha sido blanco de denuncias por violación de derechos humanos vinculados a su accionar (violencia institucional, “gatillo fácil”, amedrantamiento y criminalización); porque se la ha vinculado a redes de corrupción de los barrios, tolerando e incluso participando de las mismas; pero al mismo tiempo porque, a pesar de ello, sigue siendo aún un organismo al que se recurre para intervenir ante determinados conflictos entre vecinos (discusiones, robos, violencias, etc.), para denunciar delitos –aún con la sospecha de coparticipación de la misma institución-; y/o para mediar ante situaciones conflictivas originadas por problemas sociales o de salud (como los casos de consumo de drogas). 
A diferencia de lo que ocurría en la década del ochenta, cuando las policías de alguna manera quedaban por fuera del escenario de estos barrios, durante el nuevo milenio, se ha registrado una modificación en la dinámica de esta institución. Esta modificación ha radicado precisamente en una mayor penetración policial causada por el aumento de conflictos y robos en los barrios y la progresiva participación de algunos policías o ex policías en actividades ilegales. Esta política ha redundado en una transformación en la apropiación y control de los territorios, y por consiguiente de su población. Existen diversos registros que dan cuenta del accionar policial en estos territorios descriptos en términos de hostigamiento, amedrentamiento y persecución en particular a los jóvenes. Así, los jóvenes que pueblan los barrios pobres, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de acciones que vienen procurando el crecimiento con inclusión social, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria que erosionan las políticas de carácter inclusivo que se deberían desarrollar en esos mismos barrios. Hay zonas del Estado en las que rigen prácticas que son verdaderos obstáculos para desplegar acciones desde otros sectores del mismo Estado en pos de promover condiciones dignas de vida.
La “guerra contra las drogas” así, será un motivo más para reactivar la presencia de las fuerzas de seguridad dentro de los barrios más vulnerados. En nombre de este “combate”, se legitimarían entonces prácticas violatorias de los derechos humanos. Es por eso, que cuestionar este paradigma en pos de los resultados que hasta ahora ha arrojado, se vuelve fundamental.


Silvana Garbi
CEPOC


 [1] Corda, A., Galante, A. y Rossi, D. (2014) Personas que usan estupefacientes en Argentina: de delincuentes enfermos a sujetos de derechos. Intercambios Asociación Civil. Facultad de Ciencias Sociales UBA.

[2] CELS (2015) “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano”. Disponible en: http://cels.org.ar/common/documentos/Drogas_web.pdf